Los hechos
Barañain
El pasado 29 de enero de 2009, el Concejal Delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Barañain, Sr. Pablo Gómez, se encontraba dando una vuelta por la sección de hemeroteca, momento en el que al percatarse de la presencia en la misma de los diarios Gara y Berria, expresó a los bibliotecarios que estaban trabajando, su deseo de que no quería que la biblioteca continuara adquiriendo dichos periódicos.
Ignorando todos los argumentos profesionales que le dieron los bibliotecarios, poco tiempo después volvió con un escrito en el que, sin justificar en absoluto su proceder y emulando a Julio César, hacía oficial su decisión.
Posteriormente, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento barañaindarra, se intentó camuflar el ánimo censor de la orden dentro de la coyuntura de crisis económica que estamos padeciendo. No obstante, aun en un hipotético caso de recorte presupuestario- que no era cierto-, siempre serían los profesionales quienes deberían realizar las tareas de selección, según lo prevén tanto las normas y pautas bibliotecarias como las leyes de cualquier ámbito y rango- el propio convenio que regula la biblioteca de Barañain recoge una frase tan precisa como: la dirección técnica de la biblioteca y la gestión de sus servicios y recursos serán ejercidas por el personal bibliotecario responsable de la misma, con el asesoramiento y soporte técnico del Departamento de Cultura y Turismo.
Obviamente, la orden fue apelada con sólidos argumentos por el equipo de la biblioteca ante el Sr. Fermín Guillorme, su superior jerárquico y Director del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. Sin embargo, éste no consideró los mismos y se alineó con el político a través de una comunicación oficial fechada el 6 de febrero de 2009.
Advertida nuestra Asociación de este incorrecto proceder de las administraciones, quisimos que ambas decisiones fuesen revisadas y así lo solicitamos en escrito, consignado por registro, ante el Departamento de Cultura y Turismo y avalado por 167 firmas de profesionales de bibliotecas de Navarra- a día de hoy todavía no hemos recibido respuesta alguna-. Asimismo, desde Asnabi se promovió la elaboración de un manifiesto al que se le daría publicidad y se invitaría a adherirse a él a representantes de la Cultura. Este manifiesto fue redactado por una socia de Asnabi bajo el título: Bibliotecas públicas para todas las personas, cuando todas somos todas - Herri liburutegiak denontzat, denok den-denak garenean, y consiguió varios cientos de adhesiones.
Pamplona/Iruñea
Lejos de resolverse la polémica, el 26 de febrero de 2009, la Concejala Delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Sra. Paz Prieto- representante del mismo partido político que el concejal de Barañain-, dirigió un escrito a las ocho bibliotecas públicas de la ciudad comunicando la decisión del Área de Cultura de adquirir, con cargo al presupuesto municipal, cuatro títulos de periódicos cuyos nombres indicaba expresamente- simplemente, la medida pretendía vetar los dos títulos expulsados de la hemeroteca de Barañain-. La razón alegada en este caso era que con esta orden se pretendía homogeneizar los criterios de adquisición de la prensa en las bibliotecas públicas de la ciudad- oferta que de facto ya era prácticamente homogénea, además de más extensa-.
Como es lógico, esta decisión que también fue apelada, por escrito, por los bibliotecarios de Pamplona, haciéndole saber que no es competencia de la autoridad municipal la selección de los fondos de la biblioteca. De igual modo, los profesionales pusieron en conocimiento de los grupos municipales la actuación de la concejala, lo que supuso el inicio de una intensa presencia en los medios de comunicación locales, que a su vez dió el pistoletazo de salida al peregrinaje argumental del equipo de gobierno del Ayuntamiento, quienes pasaron de la inicial búsqueda de criterios “homogeneizadores”, a ampararse en la crisis económica- algo falso, ya que hacía más de un mes que se habían fijado las partidas presupuestarias-, luego a insinuar que quizá los profesionales actuaban bajo consignas ideológicas, posteriormente hubo algún concejal que admitió abiertamente que el objetivo era meramente político- luego ellos eran los que actuaban bajo consignas ideológicas-, y por último, el súmmun del razonamiento lógico: quien paga, manda- olvidando la vertiente gestora de sus cargos e introduciéndose de lleno en el papel de dueños del cortijo-. Asimismo, el hecho también se comunicó al Servicio de Bibliotecas para que su intermediación pusiera un poco de sentido común. Lejos de lo cual, en escrito de 23 de marzo, el Director del Servicio ordenó acatar las órdenes de la concejala.
Actuación del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra
Como se acaba de indicar, al igual que hiciera en su día el personal de la Biblioteca Pública de Barañain, los profesionales de Pamplona también dirigieron una nueva solicitud de amparo y posicionamiento a sus superiores del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. Ante esta petición, el Servicio de Bibliotecas argumentó que para poder “fundamentar” su decisión había encargado un informe jurídico al Departamento, y que por lo tanto, no se pronunciaría hasta estar en posesión del mismo. De igual modo, a pesar de que no deja lugar a dudas interpretativas ni lo expresado en los convenios de gestión de las bibliotecas, ni las alusiones referidas al tema que nos ocupa recogida en las declaraciones profesionales de ámbito internacional- que a su vez inspiran las normas legales sobre bibliotecas públicas que nos afectan-, este proceder se extendió y se solicitaron dos nuevos informes jurídicos: uno al Secretario del Ayuntamiento de Pamplona- requerido por los grupos de la oposición-, y el otro al Director de la Asesoría Jurídica de la Sra. Alcaldesa, es decir, a un jurista contratado en condición de personal eventual al servicio de la primera edil- solicitado, obviamente, por la misma-.
Así las cosas, una vez en posesión del informe jurídico solicitado al Departamento, lejos de asesorar a su personal, respaldar la defensa de la neutralidad e independencia de la biblioteca y velar por el cumplimiento de las normas y leyes en las que participa y firma, el Servicio de Bibliotecas volvió a avalar el, a nuestro juicio, incorrecto proceder de los ediles. Para ello, la razón esgrimida fue el reconocimiento de la competencia de los mismos en cuanto a la adquisición de fondos con los recursos económicos que, por convenio, aportan a las bibliotecas. Un extremo que, como ha quedado probado, no se consigna en ningún punto de los documentos en los que dicen apoyarse y que, lo que es más importante, contraviene todas las directivas, normativas y leyes que conforman el ideario internacional del servicio público a los ciudadanos desde las bibliotecas. En definitiva, una actuación inexplicable desde el punto de vista profesional, y que de hecho ha necesitado ayudarse de informes jurídicos “ad hoc” instigados para intentar camuflar una decisión de corte político tomada de antemano- resulta curioso que el informe del Secretario del Ayuntamiento, el jurista que está más alejado de las partes en conflicto, sea el único que deslegitima la actuación municipal y lo haga utilizando unos argumentos más próximos al espíritu de la biblioteca pública, mientras que los otros dos incidan, sobre todo, en que a los Ayuntamientos les corresponde “ el ejercicio de los poderes de policía y dirección necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio”, facultad esta que, no hace falta ser jurista para saberlo, quedaría justificada ejecutar si existiera o hubiera existido una mala praxis, algo que hasta la fecha nadie ha llegado ni siquiera a insinuar-.
Los profesionales de las bibliotecas no participan en las propuestas censuradoras
El personal responsable de las bibliotecas públicas de Pamplona/Iruñea, dado que como ya se ha comentado no admitió la orden dictada por la Concejala Delegada, siguió adquiriendo los mismos títulos de periódicos que había venido haciendo hasta aquel momento- títulos que eran los resultantes de los procesos selectivos que había efectuado cada una de las bibliotecas, teniendo en cuenta las características de las comunidades a las que atienden y el carácter limitado de las partidas presupuestarias aprobadas al efecto-. Esto fue así, como bien habían anunciado, hasta que sus superiores jerárquicos del Servicio de Bibliotecas les conminaran, si era el caso, a acatar la orden de la Concejalía.
Así pues, una vez que el día 23 de marzo de 2009 quedo bendecida desde el Servicio la injerencia y la censura- por ahora solo para con la prensa-, los profesionales, desautorizados por el Director del Servicio, estimaron que la actitud consecuente que debían adoptar para no colaborar con el proceso censor era la de dejar de adquirir la prensa diaria, a la espera de que desde el Ayuntamiento suministraran la que considerasen adecuada y/o permisible.
Llegados a este punto, ante lo que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se entendió como un pulso echado por unos funcionarios díscolos- cuando en realidad unícamente se trataba de un mero ejercicio responsable de objeción de conciencia-, la Alcaldesa anunció que si los bibliotecarios no accedían a sus deseos, otros funcionarios se encargarían de ejecutar la decisión tomada. Y en efecto, así ocurrió, pero tuvo que transcurrir más de un mes para que los periódicos seleccionados sin seguir criterios profesionales comenzaran a llegar a las distintas bibliotecas públicas de la ciudad y, además, lo hicieran de modo caótico- aspecto que a principios del mes de junio todavía no se ha corregido completamente-.
Muchos apoyos y una decepción
Desde el principio los bibliotecarios afectados solicitaron la mediación, e incluso el liderazgo, de Asnabi en todo este esfuerzo por el respeto a nuestra profesión y, por extensión, a la libertad de acceso a la información- ya se han citado la presentación de firmas instando a revocar la orden dada para Barañain o la campaña en torno al Manifiesto-. Por lo tanto, además de la presencia, sobre todo de la Presidenta, en los medios de comunicación- escritos en prensa, notas de prensa, entrevistas en prensa y radio-, también fue requerida la presencia de la Asociación tanto en el Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea como en el Parlamento de Navarra - máxima institución del poder político de la Comunidad Foral-, visita tras la cual el Parlamento aprobó el 28 de mayo de 2009 una resolución en la que instaba al Gobierno foral a “respetar y hacer respetar a los municipios la autonomía de gestión de la Biblioteca Pública que realizan los bibliotecarios”. Asimismo, Asnabi recabó el apoyo de Fesabid, organización de la que es miembro y que estimó que la gravedad de este asunto exigía elevarlo a instancias profesionales internacionales- EBLIDA, IFLA ...-, en las cuales representaría los intereses de la asociación navarra. Asímismo, la Comisión de Personal de Administración Núcleo del Gobierno de Navarra- órgano de representación laboral máxima del personal bibliotecario, entre otros, de Pamplona y Barañain-, también acordó un texto de apoyo a los trabajadores. De igual modo, transformando el Día del Libro en día de la reivindicación, el 23 de abril realizamos una vistosa concentración en la que hicimos una lectura pública del Manifiesto elaborado al hilo de estos episodios. Esta puesta en escena nos reportó el calor de la gente- usuarios reales y potenciales-, y también contó con el apoyo de algunos concejales- ya habíamos enviado un anuncio a la clase política indicándoles que no se podía celebrar nada en unas condiciones como las que se estaban soportando-.
Sin embargo, como aspecto decepcionante- quizá debido a la ingenua ilusión y fe que habíamos depositado en la institución-, tenemos la queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra que Asnabi presentó el 15 de abril de 2009. Queja que se resolvió el mismo día que el Parlamento aprobaba la citada resolución, solo que en un sentido diametralmente opuesto; y es que además de no entrar en cuestiones de fondo- algo que sería lo esperable cuando se trata de una institución a la que se le presupone una gran sensibilidad hacia la defensa de derechos fundamentales-, se pierde en temas que en absoluto vienen al caso- mapa de lectura, cartera de servicios, etc., que, casualmente, están en la agenda “cortoplacista” del Departamento de Cultura y Turismo-; y todo para concluir del mismo modo que lo hacían dos de los tres informes jurídicos arriba citados- curiosamente los dos que a nuestro modo de ver eran absolutamente tendenciosos-, valiéndose exactamente de los mismos argumentos legales que le dictan esos dos informes e ignorando los argumentos contrarios, igual de legales, que presenta el informe del Secretario del Ayuntamiento, así como toda la carga argumental de tipo ético, moral y profesional que redactó la Asociación en su queja. Por último, a modo de ejemplo, comentar que el hecho de negar la evidente censura en el fondo de toda esta cuestión- aspecto que ha constatado hasta la mayoría parlamentaria-, y afirmarlo haciéndose eco del endeble argumento de que en las bibliotecas se dispone de conexión a Internet- luego ya es posible acceder a las publicaciones vetadas-, sólo nos lleva a concluir que Internet es un espacio plural- aspecto que ya conocíamos-, pero de lo que no se desprende que la biblioteca lo sea- sobre todo si a partir de ahora va a ser el poder político municipal de turno quien, en base a sus intereses o apetencias, decida qué documentos van a tener o no la gracia de conformar las colecciones de las bibliotecas públicas de la Comunidad Foral de Navarra-. A este paso las bibliotecas públicas navarras van ha mutar su papel primordial como instituciones proactivas con respecto al aprendizaje permanente en el de simples gulags reeducadores.
La botella está más que medio llena
Así, con sentimientos contradictorios, llegamos por ahora al final de este culebrón. Contradictorios decimos porque, no nos engañemos, además de las decepciones que nos han causado los superiores del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra o el Defensor del Pueblo de Navarra, las compañeras de Barañain y Pamplona han tenido que sufrir insinuaciones gratuitas sobre su profesionalidad lanzadas desde las posiciones ventajosas que brindan ciertos puestos de representación y, de igual modo, los de Pamplona han tenido que padecer también una suerte de ensañamiento por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, cuando animada por la “pírrica” victoria que le proporcionaron los despachos, intentó que el gasto generado por la adquisición de la prensa prohibida en el período que transcurrió entre su orden y la bendición de la misma por parte del Servicio, fuera asumido directamente por el bolsillo de los funcionarios rebeldes.
Sin embargo, en el otro lado de la balanza- sin duda el que más nos interesa como bibliotecarios responsables-, debemos situar el buen gusto y sorpresa que nos ha dejado oír en sede parlamentaria a la mayoría política defender nuestros argumentos- incluso a los socios de gobierno del partido en el poder-, y hacerlo además como si fueran miembros cualificados de la IFLA, es decir, empapados en declaraciones internacionales, legislación bibliotecaria de aquí y de allá, y demás expresiones del espíritu de la biblioteca pública; dando la espalda al debate sobre si las conclusiones de un par de informes facultan al que tiene las llaves de la caja fuerte para hacer lo que le parezca más conveniente y permitirse no atender ni a criterios profesionales ni a quienes se los puedan proporcionar. Y es que éste ha sido nuestro pequeño gran logro: el triunfo de un discurso que ha ido calando en la mayoría de la clase dirigente, lo que la convierte en más sensible y capaz a la hora de enfrentarse a las necesidades de la sociedad en materia bibliotecaria. Además, intuimos que con nuestro esfuerzo hemos abortado la expansión de la injerencia y la censura a otras bibliotecas de localidades en las que el mismo partido político gobierna.
Para finalizar, queremos agradecer desde aquí a todas las personas y organizaciones que nos han apoyado y nos siguen apoyando en esta inocente- pero a la vez importante- pugna en pro de la libertad de acceso a la información y a favor del respeto a una profesión que, como todas las vigentes, ha tenido que desarrollarse y especializarse mucho para ser operativa- proceso en el que, como todas, sigue inmersa-, y por tanto, no se merece que cualquier persona sin la formación exigible imponga sus apetencias solo porque goce de un poder temporal que puede causar daños irreparables. Por lo tanto, desengañados de nuestra travesía por los despachos de juristas, seguiremos con nuestra reivindicación en compañía de nuestros hermanos mayores de Fesabid, para, asumiendo como siempre el liderazgo de la IFLA- 10 ways to make a public library work / Update your libraries (2009) -, intentar recabar apoyos internacionales que quizá, diciéndoselo en inglés, impresionen a nuestros mandatarios y desterremos, a ser posible para siempre, la censura y la injerencia profesional de las bibliotecas navarras.
