Exposición organizada por la Biblioteca Nacional y la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.

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Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir la exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Artículo 45 de la Constitución Española (1931)

A partir de la sublevación militar del 18 de Julio de 1936, el Ministerio de Instrucción Pública reacciona con rapidez:

5 de agosto: se crea una Comisión Gestora para reorganizar el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y "utilizar su capacidad técnica en mayor beneficio de la cultura nacional". Tomás Navarro Tomás es nombrado presidente y Juan Vicens secretario. Inmediatamente la Comisión empieza a actuar:

8 de agosto: se publica en la prensa un anuncio pidiendo a los bibliotecarios colaboración para inventariar los materiales incautados que custodia la Junta de Defensa del Tesoro Artístico.

10 de agosto: se decide realizar un índice fotográfico de los documentos, libros y objetos arqueológicos más valiosos.

1 de septiembre: se pide al Director General de Bellas Artes que procure el establecimiento de un retén permanente de bomberos en la Biblioteca Nacional, "ante la posibilidad de que el bombardeo de los aviones rebeldes pueda producir un incendio".

4 de septiembre: se piden al Ministro de la Guerra 3.000 sacos terreros para defender los tesoros de la Biblioteca Nacional. Son concedidos el mismo día.

Septiembre: se guardan los materiales más valiosos en cámaras especiales

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